El PE aprueba limitar el coste para los comerciantes de los pagos con tarjeta

 Una cajera de un supermercado devolviendo cambio en euros a un cliente en Riga (Letonia).

Una cajera de un supermercado devolviendo cambio en euros a un cliente en Riga (Letonia).

El Parlamento Europeo (PE) aprobó hoy limitar el coste de las tasas que los bancos cobran a los comerciantes por los servicios de pago con tarjeta y que acaban encareciendo el precio final que paga el consumidor.

 

Según los datos del Ejecutivo comunitario, estas comisiones suponen anualmente un sobrecoste de 10.000 millones de euros para los comerciantes.

 

Por amplia mayoría, los eurodiputados apoyaron poner el límite del 0,3 % propuesto para las transacciones con tarjeta de crédito.

 

Para el caso de los pagos realizados con tarjeta de débito, los eurodiputados sitúan el tope de las comisiones interbancarias en el 0,2 % o en 7 céntimos de euro, “el que resulte más bajo”, dice el texto.

 

Respecto a los pagos con tarjeta de débito en operaciones transfronterizas, la tasa será de 0,2 % del valor de las mismas.

 

Para pequeñas transacciones domésticas con tarjetas de débitos, los países podrán establecer como máximo una tasa de 5 céntimos de euro.

 

Hasta ahora no existía legislación comunitaria sobre estas tasas interbancarias y los comerciantes pedían condiciones de competencia equitativa que eliminen la actual fragmentación del mercado como consecuencia de las diferencias en este tipo de tasas.

 

“Por primera vez se limitarán las comisiones de las tarjetas, lo que repercutirá positivamente en los consumidores”, dijo el eurodiputado Pablo Zalba (PP), ponente del asunto, en un debate previo al voto.

 

Los eurodiputados llamaron asimismo a que los consumidores tengan una información más clara sobre los derechos y las obligaciones de los consumidores, los plazos de ejecución del pago y el cobro de comisiones.

 

El Consejo, los países, colegisladores europeos, ya llegó a un acuerdo sobre las tasas en diciembre de 2014.

 

Tras el refrendo último del Consejo, la normativa entrará en vigor en seis meses.

 

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