El resto de bancos de Andorra aportarán 30 millones para la crisis de BPA

La sede del gobierno de Andorra reflejada en la fachada de la sede principal de Banca Privada de Andorra (BPA), una de las cinco entidades bancarias del Principado, que fue intervenida y cuya solvencia ha sido garantizada por el Instituto Nacional Andorrano de Finanzas (INAF).

La sede del gobierno de Andorra reflejada en la fachada de la sede principal de Banca Privada de Andorra (BPA), una de las cinco entidades bancarias del Principado, que fue intervenida y cuya solvencia ha sido garantizada por el Instituto Nacional Andorrano de Finanzas (INAF).

Los bancos AndBank, Crèdit Andorrà, Morabanc y Banc Sabadell d’Andorra aportarán conjuntamente 30 millones de euros en el momento de la constitución del Fondo Andorrano de Resolución de Entidades Bancarias, que debe servir para contar con recursos por si fuesen necesarios para Banca Privada d’Andorra (BPA).

 

En rueda de prensa tras un consejo de ministros extraordinario para aprobar el proyecto de Ley de Reestructuración y Resolución de Entidades Bancarias, el ministro portavoz y de Finanzas del Govern de Andorra, Jordi Cinca, ha explicado que la nueva norma prevé diez años para dotar completamente el fondo, igual que la directiva europea de este ámbito, pero que se ha añadido esta celeridad por la urgencia del caso BPA.

 

Si no hiciese falta utilizar este fondo, las entidades no deberían hacer más aportaciones, pero si se debe utilizar una parte o la totalidad del fondo, deberán restituir la cantidad gastada antes del plazo de diez años, ha especificado.

 

Ha añadido que la cifra que deberán aportar los bancos al nuevo fondo es “asumible” por su parte y no afectará a su robustez porque cuentan con elevados niveles de liquidez y solvencia, y que no se les está pidiendo a las entidades de Andorra nada que no se exija al resto de entidades europeas, excepto la anticipación, para evitar el riesgo sistémico por la situación de BPA.

 

Asimismo, ha explicado que, si se tiene que utilizar el Fondo de Garantía de Depósitos por una liquidación de BPA, la cantidad será restituida en el transcurso del primer año desde que sea utilizada, para no “generar sensación de desprotección” para los clientes del resto de entidades de Andorra.

 

Cinca ha reconocido que la nueva ley –que prevé aprobar este jueves el Parlamento andorrano– es un documento “muy técnico y farragoso” que incluye disposiciones adicionales y transitorias pensadas para la realidad actual andorrana, pero que se basa en la directiva europea 2014/59 –que Andorra tenía tiempo para trasponer hasta 2016 o 2017– para ofrecer confianza a la comunidad internacional.

 

Ha augurado que en 10 ó 15 días se podrá crear la Agencia Estatal de Resolución de Entidades Bancarias, y entonces este nuevo organismo podrá decidir hacia donde “encaminar la solución de BPA”, ya sea su reestructuración o su liquidación.

 

La agencia estará formada por cinco personas con conocimientos en este ámbito: tres nombradas por el Govern y dos designadas por el organismo supervisor del sistema financiero andorrano, el Inaf, de las que una deberá ser miembro de su consejo de administración.

 

Además, podrá haber observadores designados por las entidades bancarias contribuyentes al Fondo Andorrano de Resolución de Entidades Bancarias.

 

MUESTRAS DE INTERÉS DE COMPRA

 

Preguntado por las muestras de interés por comprar BPA que ha recibido el Inaf por parte de algunas entidades financieras internacionales, Cinca ha considerado que se trata de un interés “puramente exploratorio, porque el Inaf todavía no sabe qué puede vender y en qué cantidad está valorado”, que es lo que se debe concretar ahora gracias a la nueva ley.

 

Además de encontrar una solución para BPA, con la nueva ley el Govern de Andorra quiere enviar un mensaje a la comunidad internacional de que aplica “las mejores prácticas para resolver una crisis financiera”.

 

La nueva norma persigue mantener la operativa de BPA –aunque con restricciones temporales– evitando la pérdida de valor, y dejar abiertas todas las opciones de reestructuración y resolución de la entidad, y regula cómo se debería abordar cada una de las posibilidades, siempre en el ámbito administrativo, no judicial.

 

También concreta la prioridad de asunción de pérdidas y costes en caso de liquidación, de forma que los primeros en responder serán los accionistas, seguidos de la deuda junior y “el dinero de las personas responsables de la administración de la entidad –directivos– y por tanto con responsabilidad directa en las malas prácticas” que han derivado en la situación actual de BPA.

 

Todo ello para “proteger por encima de todo” los depósitos de los clientes, ha señalado Cinca, que también ha incidido en la voluntad de evitar que BPA cueste recursos públicos del Estado, es decir, de los contribuyentes, lo que también apoya la directiva europea.

 

El proyecto de Ley también habilita el endeudamiento del Govern de Andorra para garantizar con créditos y avales la operativa básica de las empresas que tenían su dinero en BPA.

 

EMPLEADOS

 

Respecto a los 270 trabajadores de BPA, la nueva ley asegura que mantengan su antigüedad al ser traspasados al ‘banco puente’ que prevé la norma para solucionar la situación de BPA, y también si la entidad fuese liquidada, para poder calcular las indemnizaciones en relación a toda su trayectoria laboral en la entidad.

 

Y es que BPA se dividirá en un ‘banco bueno’ y en un ‘banco malo’ para separar los activos lícitos de los sospechosos de ser ilícitos –lo que está analizando la consultora PWC desde hace más de dos semanas– y dar así a la entidad más opciones de continuidad y una valoración de sus activos y pasivos.

 

ESTADOS UNIDOS

 

El ministro ha celebrado que Estados Unidos haya emitido este miércoles un comunicado en el que deja claro que puede prohibir a entidades financieras de dicho país abrir o mantener cuentas con BPA por las sospechas de blanqueo de capitales para organizaciones criminales internacionales, pero que “no existe ninguna sanción económica asociada con esta norma”.

 

Cinca ha recordado que el Govern nunca ha contemplado la posibilidad de una multa, pero que esta clarificación americana ante las especulaciones de diversos medios de comunicación “ayuda a eliminar interrogantes”.

 

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