Ron pide “una investigación profunda” sobre el Popular y exige “una reparación”

El expresidente del Banco Popular Ángel Ron a su llegada hoy al Congreso para comparecer en la Comisión de Investigación acerca de la crisis financiera en España.

El expresidente del Banco Popular Ángel Ron a su llegada hoy al Congreso para comparecer en la Comisión de Investigación acerca de la crisis financiera en España.

El expresidente del Banco Popular Ángel Ron ha pedido hoy una “investigación profunda” sobre lo ocurrido con la entidad y “la desaparición de los ahorros” de más de 300.000 familias “en una sola noche” y ha exigido “una reparación”.

Durante su comparecencia en la comisión del Congreso que investiga la crisis y el rescate bancario, Ron ha mostrado su sorpresa por el abrupto final de la entidad y ha dicho que requiere “una investigación profunda en todos los órdenes” para encontrar a los responsables.

Aunque ha recordado que la resolución de la entidad no afectó a los ciudadanos, ha admitido que “se puede debatir si la gestión fue apropiada o no” y ha añadido que cuando él se fue tenía un valor patrimonial de más de 3.000 millones de euros.

Se puede discutir si la gestión de su equipo fue “mejorable”, ha añadido, pero hay que recordar que “se había recibido una oferta de compra de más de 5.000 millones de euros”.

Además, ha insistido en que él mismo es uno de los afectados, un perjudicado más, tanto en el plano reputacional como en el económico, porque invirtió 125.000 euros en la última ampliación de capital y en total perdió más de un millón de euros.

El Banco Popular, ha asegurado, “siempre ha dicho la verdad”, “las cuentas siempre han ofrecido una imagen fiel e íntegra de la entidad” y “si hubiese habido la más mínima duda”, el consejo de administración no habría invertido 500 millones de euros en la última ampliación de capital.

Sobre la intervención en una noche por parte de las autoridades europeas y su venta inmediata al Banco Santander, el exbanquero ha reconocido que aún está “perplejo” y no entiende cómo se le aplica una normativa “que es una ficción” porque se valora a la entidad como si se liquidara y no se liquida.

Sobre la “discutida” ampliación de capital de 2016, ha señalado que fue “respaldada por el mercado, auditada y calificada por asesores legales”, y tanto el Banco de España como el Banco Central Europeo (BE), que “no tenían competencias para aprobar la ampliación, respaldaron siempre la gestión”.

Las cuentas del banco “siempre” reflejaron su imagen fiel, algo que avalan todas las autoridades implicadas pero también “la propia Junta Única de Resolución (JUR) que ordenó la liquidación”, y que admitió “no sólo que el banco era solvente sino que cumplía los mínimos regulatorios”, algo que “en dinero es una cifra enorme que despareció”, y es que en su opinión “había quien quería controlar el banco para hacerse con el inmenso botín que suponía”.

Al cierre de marzo de 2017 las cuentas del banco indicaban que la ratio de liquidez superaba en un 82 % el mínimo exigible, “no en el banco que yo presidía sino el que existe hoy y existía entonces”.

La firma que auditó las cuentas, cuando hace su informe de auditoría, el 30 de junio de 2017, “ya controlado de Santander”, en el primer párrafo dice que se resuelve “por la crisis de liquidez experimentada en el primer trimestre de 2017 y la posterior salida de depósitos”.

Ron se ha referido también a la batalla por el control del banco abierta con los accionistas mexicanos liderados por el magnate Antonio del Valle, que “pretendió tomar el control durante la ampliación de capital”; ante la negativa, inició “una campaña de descrédito personal y de la institución” de la que se hicieron eco los medios de comunicación.

El expresidente no responsabiliza a los medios de comunicación, pero advierte de que “no puede ser es que alguien utilice informaciones falsas, una de ellas incluso desmentida por el Banco de España” sobre la operación “Sunrise”, que le costó a la entidad una pérdida de 500 millones de euros de capitalización bursátil.

Ante la ofensiva, Ron pidió a los consejeros que le apoyaban que accediesen a la presión, que no se centraba en “criticar la gestión sino en quedarse con un banco de casi 11.000 millones de patrimonio a bajo precio”.

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