Portugal busca igualdad salarial con una ley que obliga solo a 5 % de empresas

El primer ministro luso, Antonio Costa.

El Parlamento portugués ha aprobado una ley con la que espera atajar la desigualdad salarial entre hombres y mujeres, pero que en la práctica solo pedirá cuentas a alrededor del 5 % del total de las empresas del país.

La Ley de Igualdad Remunerativa, presentada a propuesta del Gobierno liderado por el socialista António Costa, entrará en vigor en enero con el objetivo de “promover un combate eficaz a las desigualdades salariales entre hombres y mujeres”, según anuncia el Ejecutivo.

Es una meta necesaria en Portugal, donde las mujeres ganan en promedio un 15,8 % menos que los hombres; para recibir lo mismo, una mujer tendría que trabajar 58 días más al año, según datos oficiales.

Con la idea de reducir estas “asimetrías muy significativas”, en palabras del Ejecutivo, las carteras de Trabajo y de Ciudadanía e Igualdad trabajaron en una ley que prevé, entre otras cosas, que se cuente con información estadística anual sobre esas diferencias salariales por empresas.

Además, se exige a las sociedades que “aseguren una política remunerativa transparente” y apliquen un plan para excluir cualquier posibilidad de discriminación salarial, estando sujetas a sanciones como la privación del derecho a participar en concursos públicos si no cumplen con esta solicitud.

La norma, que incluye otras innovadoras medidas, pierde fuerza porque, si se descubren disparidades, solo se podrán exigir explicaciones a menos del 5 % de las empresas portuguesas.

Según se recoge en las disposiciones transitorias, durante los dos primeros años de vigencia de la ley, las entidades oficiales que hayan verificado que existe una disparidad salarial solo podrán dirigirse a entidades que empleen a “250 o más trabajadores” para que presenten “un plan de evaluación de las diferencias salariales” que lleve a su erradicación.

A partir del tercer año podrán solicitarlo también a sociedades con “50 o más trabajadores”, quedando fuera las pequeñas empresas y las microempresas -con menos de 50 trabajadores- que son la abrumadora mayoría en Portugal.

Según los más recientes datos del Instituto Nacional de Estadística luso, en el país hay un total de 1.196.102 empresas registradas, de las cuales 1.195.064 son pequeñas y medianas (pymes) y apenas 1.038 son consideradas grandes; es decir, el 99,9 % son pymes.

Del total de pymes, el 96,2 % corresponden a microempresas (menos de diez trabajadores), el 3,2 % son pequeñas (menos de cincuenta trabajadores) y 0,5 % son medias (menos de 250 trabajadores).

Preguntado sobre la aplicación real que tendrá esta ley, el Ministerio de Trabajo de Portugal remitió nuevamente el comunicado en el que se celebraba la aprobación de la norma, eludiendo responder a las preguntas concretas.

Mientras, la secretaria de Estado de Ciudadanía e Igualdad, Rosa Monteiro, defendió en unas declaraciones que la ley “no se centra solo en identificar disparidades salariales y tener medidas sancionadoras, es más compleja que eso”.

“La ley garantiza un nuevo derecho a los trabajadores, que es solicitar un parecer (a una entidad oficial) en caso de que se sientan discriminados”, argumentó Monteiro, quien admitió no obstante que en algunos casos sí está limitada.

“Cuando se identifican niveles de desigualdad salarial muy significativos y se notifica a la empresa para que lo justifique, ahí aplica solo a un grupo de empresas, que fue negociado en el Parlamento”, apuntó.

La norma no ha satisfecho a la Confederación General de Trabajadores de Portugal (CGTP), el mayor sindicato del país, que opina que “tiene un carácter muy genérico” y “está restringida a apenas algunas empresas, lo que reduce bastante su campo de aplicación”.

“En la práctica esta ley parece tener como preocupación principal no afectar a demasiadas empresas y sobre todo no estigmatizarlas con la violación de la ley”, comentó la coordinadora de la Comisión de Igualdad de la CGTP, Fátima Messias.

Messias apunta que es una norma que simplemente “queda bien” y agrega que, pese a que “puede tener buenas intenciones” corre el riesgo de “volverse, en la realidad, impracticable”, porque para atajar el problema es necesaria una mayor implicación de las entidades inspectoras.

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