Hachazo histórico del Supremo a los bancos: el cliente no tiene que pagar el impuesto de las hipotecas

Detalle escultórico de la fachada principal del Tribunal Supremo.

El Tribunal Supremo ha decidido que es el banco y no el cliente el que debe abonar el impuesto sobre actos jurídicos documentados en la firma de una hipoteca, corrigiendo así su doctrina anterior.

En una sentencia fechada el pasado 16 de octubre, el alto tribunal establece que es la entidad prestamista, y no quien recibe el préstamo, el que tiene interés en inscribir la operación y elevarla a escritura pública.

De este modo, la sala tercera del Tribunal Supremo modifica su jurisprudencia anterior e interpreta el texto refundido de la ley del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, y concluye que no es el prestatario el sujeto pasivo de este impuesto, sino la entidad que presta el dinero.

El fallo responde al recurso presentado por la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas Vaciamadrid contra una sentencia de Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid de junio de 2017, y anula un artículo del reglamento del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.

Y es que considera que la expresión “cuando se trate de escrituras de constitución de préstamo con garantía se considerará adquirente al prestatario” es contraria a la ley.

El “negocio inscribible”, aclara la sentencia, es la hipoteca, y el único interesado en la elevación a escritura pública y la ulterior inscripción de aquellos negocios es el prestamista, que solo mediante dicha inscripción podrá ejercitar la acción ejecutiva y privilegiada que deriva la hipoteca.

El fallo ha contado con el voto particular del magistrado Dimitry Berberoff, que era partidario de mantener la jurisprudencia anterior, que establecía que era el cliente y no el banco el que debía hacer frente al impuesto.

En febrero de este año, el Supremo dictaminó que quien debía hacer frente al impuesto de actos jurídicos documentados era el cliente y no las entidades con las que se suscribe el préstamo; por unanimidad, el pleno de la sala de lo Civil descartó entonces abuso en la aplicación sobre el prestatario del gravamen.

La sentencia ha contado también con un voto concurrente -acepta el fallo pero discrepa en algún punto de la argumentación- del magistrado Nicolás Maurandi.

Aunque comparte el dictamen, Maurandi cree que el citado impuesto engloba no uno sino dos tributos: el gravamen sobre documentos notariales y el gravamen sobre actos jurídicos documentados notarialmente.

Al tratarse de dos tributos diferentes, explica Maurandi, son también distintos los elementos que hay que tener en cuenta para determinar quién es el sujeto pasivo y debe hacerle frente.

DESPLOME DE LA BANCA

Todos los bancos españoles caían con fuerza el jueves después de que el Tribunal Supremo cambiase su criterio anterior y determinase que sean las entidades, y no los clientes, los que deben abonar los impuestos sobre actos jurídicos documentados por la constitución de hipotecas.

Liberbank era la entidad que sufría más en bolsa, con un descenso de casi el 8 por ciento seguido de caídas del 6 por ciento de Bankia y Sabadell.

Los dos grandes bancos, BBVA y Santander, eran los que moderaban más la caída con descensos respectivos del 3 y del 1,8 por ciento.

Las asociaciones de consumidores han valorado hoy la sentencia del Tribunal Supremo que establece que sea el banco, y no el cliente, el que pague el impuesto de actos jurídicos documentados, y animan a los afectados a reclamar ante los tribunales.

Entre las asociaciones de consumidores, Facua celebra el cambio de criterioe insta al Gobierno y a las comunidades autónomas a “emprender medidas” para supervisar la reacción de la banca.

Según esta asociación, esta “excelente noticia” debe cambiar el sentido de las miles de sentencias que van a dictarse en los próximos años.

CONSUMIDORES

Desde Asufin, que ha presentado cuatro demandas colectivas para reclamar los gastos de constitución de hipotecas, animan a los consumidores a reclamar, aunque su presidenta, Patricia Suárez, pide “responsabilidad a los bancos”, que deberían devolver los importes a sus clientes sin necesidad de acudir a los tribunales.

No sólo se ahorrarán intereses y costas, añade, sino que “recuperarán la confianza que tanta falta hace para que el sistema funcione con las mismas reglas para todos.”

La asociación reitera además su demanda de que se dote de más medios a los juzgados especializados en cláusulas abusivas, “ante la avalancha de demandas que se espera”; Asufin calcula que unos 8 millones de españoles ha contratado una hipoteca, que de media podrían reclamar alrededor de 3.000 euros.

Facua, que mantiene abiertos cientos de procedimientos para reclamar las cantidades indebidamente cobradas, anima también a las entidades financieras a actuar “con responsabilidad”, y espera que el Gobierno y las autoridades de consumo de las comunidades autónomas “emprendan las actuaciones que les competen para supervisar las actuaciones del sector bancario en este sentido y sancionar a los bancos que se nieguen a cumplir la ley”.

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