El Pacto de Toledo debate impulsar con un acuerdo los planes de pensiones de empresas

La portavoz socialista de la Comisión sobre el Pacto de Toledo, Mercè Perea.

La Comisión del Pacto de Toledo debate impulsar los planes de pensiones para empresas con el acuerdo de los agentes sociales y en el marco de la negociación colectiva, siempre y cuando quede garantizada la suficiencia del sistema público de pensiones.

Los portavoces del Pacto de Toledo continúan hoy el análisis de las recomendaciones que deben elevar al Pleno del Congreso para garantizar la sostenibilidad y financiación de la Seguridad Social y han abordado la recomendación 16 que afecta a los sistemas complementarios.

Fuentes parlamentarias cercanas a la Comisión han señalado que hay consenso en consolidar y fortalecer primero el sistema de pensiones para luego impulsar los planes de previsión social complementaria, muy generalizados en el País Vasco.

La portavoz socialista en el Pacto de Toledo, Mercè Perea, ha señalado a EFE que hay que dejar claro que los sistemas complementarios “no son sustitutivos” y que además deben abordarse en el marco de la negociación colectiva y “una vez recuperados los salarios dignos”

La recomendación sobre sistemas complementarios del año 2011 instaba a que los interlocutores sociales buscaran fórmulas de previsión complementaria a través de fondos y planes de pensiones en su modalidad de empleo, al tiempo que recomendaba que los beneficios fiscales de estos planes de empresa tuvieran una distribución equilibrada, en términos de igualdad de género.

También pedía que se estimularan dentro de la fiscalidad que afecta al Impuesto sobre Sociedades.

Precisamente, la entidad de previsión social Geroa Pentsioak, perteneciente a la Confederación Española de Mutualidades (CNEPS), presentó un informe en el Pacto de Toledo para que las empresas tuvieran incentivos fiscales como la recuperación de las deducciones en el Impuesto de Sociedades de las aportaciones o con la eliminación de las aportaciones de la base de cotización.

En torno al trabajador, esta entidad instaba a mejorar el tratamiento del cobro de prestaciones en forma de renta y a que los planes de empresa fueran voluntarios.

Además recomendaba que la Seguridad Social cumpla con su compromiso de información sobre la estimación de la pensión futura y estimaba que el 70 % de los españoles reconoce estar poco informados sobre su futura jubilación.

El presidente de la CNEPS, Pedro Muñoz, también pidió a los miembros del Pacto de Toledo “generalizar” los planes de previsión social complementaria con incentivos fiscales a las rentas medias y bajas porque -en su opinión- fortalecería el sistema público de pensiones y aplicarlo, asimismo, en el sector de los autónomos.

La empresa de previsión vasca apuesta porque la empresa tenga la obligación de apuntar al trabajador a un Plan de Pensiones de Empleo y el trabajador pueda decidir si lo quiere o no.

Los portavoces del Pacto de Toledo trabajan sobre estos informes, que apuntan al modelo inglés donde la aportación es de un mínimo del 9 % del salario entre empresa y trabajador y otro mínimo del 3 % por parte sólo de la empresa.

Los diputados también han abordado la recomendación 15 del Pacto de Toledo, relativa a la solidaridad y garantía de suficiencia.

En este punto, hay consenso en encontrar un indicador que garantice exactamente qué es una pensión digna.

La diputada de Podemos en la Comisión Aina Vidal ha incidido hoy en que muchos pensionistas viven muy por debajo del umbral de la pobreza y que debe haber un indicador fiable.

Encontrar un índice que marque un nivel de bienestar suficiente, similar al que fija la Carta Social Europea con el Salario Mínimo y que lo refiere al 60 % del salario medio, ha apuntado.

El diputado de Compromís Ignasi Candela ha señalado que la tasa de sustitución (relación entre la pensión media y el salario medio) es muy voláti,l ya que al haber bajado los salarios como consecuencia de la crisis económica pudiera parecer que los pensionistas están mejor “y no es cierto”.

Otro de los puntos en los que hay acuerdo mayoritario es en dejar la financiación de las pensiones de viudedad dentro del sistema de la Seguridad Social.

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