Tribunal Supremo español decide finalmente que clientes deben pagar impuestos sobre hipotecas

Las autonomías se libran de pagar 5.000 millones por el impuesto de las hipotecas

Detalle escultórico de la fachada principal del Tribunal Supremo.

El Tribunal Supremo español revocó este martes una sentencia de hace casi dos semanas y decidió que es el cliente, y no los bancos, los que deben pagar un impuesto sobre su préstamo hipotecario.

“Tras dos días de deliberaciones en sesión plenaria”, los jueces acordaron “por 15 votos a 13 desestimar los recursos planteados y volver al criterio según el cual el sujeto pasivo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados en los préstamos hipotecarios es el prestatario”.

El pasado 18 de octubre el alto tribunal había decidido precisamente lo contrario, y al día siguiente, coincidiendo con una caída de los valores bancarios en bolsa, suspendió su decisión.

La asociación de consumidores (OCU) pidió “la dimisión inmediata del presidente” de esa sesión plenaria por una decisión que “perjudica a millones de consumidores” mientras que el líder de la formación de izquierda Podemos, Pablo Iglesias, convocó una manifestación el sábado ante el Tribunal.

El gobierno socialista se limitó a indicar que dará a conocer su posición el jueves en consejo de ministros.

Un millón y medio de personas pagaron ese impuesto desde 2014, según Gestha, el sindicato de funcionarios del ministerio de Finanzas.

El impuesto oscila entre el 0,5% y el 1,5% del préstamo, según las regiones, y es más elevado que en Francia o Portugal, indicó Rocío Albert, profesora de análisis económico de EAE Business School de Madrid.

La sentencia del 18 de octubre había generado gran inseguridad, puesto que el mercado temía no solamente el impacto sobre la firma de nuevos créditos hipotecarios, sino la posible aplicación retroactiva de la medida.

Ante la “enorme repercusión económica y social” del “giro radical en el criterio jurisprudencial”, el Tribunal suspendió la medida y anunció que volvería a debatir sobre ello.

Según un análisis de Moody’s, la aplicación de la sentencia original, contraria a los bancos, hubiera representado un coste de 640 millones de euros. Si se hubiera aplicado retroactivamente, la factura para los bancos hubiera ascendido a más de 2.300 millones de euros.

CCAA

La decisión del Tribunal Supremo de corregir su doctrina reciente y cargar a los clientes el impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD) en la firma de hipotecas ha librado a las comunidades autónomas de devolver hasta 5.000 millones de euros, correspondientes a los créditos suscritos desde 2014.

Con independencia del impacto que podría haber repercutido sobre el sector bancario, esta misma mañana Hacienda cifraba en esa cuantía millonaria el desembolso al que tendrían que haber hecho frente las Administraciones autonómicas, en un escenario de retroactividad fiscal que finalmente no ha sido reconocida por el alto tribunal.

Después de dos días de deliberación y tras más de 15 horas, el pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha decidido, por 15 votos a favor y 13 en contra, revocar la doctrina conocida el pasado 18 de octubre y cargar al hipotecado con el pago del tributo, como sucede desde 1995, desde la entrada en vigor del real decreto.

Se mejora así el desenlace previsto por las propias entidades, las cuales aunque lamentaban el “giro radical” del Supremo, se comprometían a respetar cualquier veredicto final, y confiaban en que el abono de la tasa comenzara a ser efectivo únicamente a partir de la fecha de la sentencia.

Los máximos responsables de la banca nacional adelantaban así que el fallo no obligaría a hacer dotaciones extraordinarias sino únicamente ajustes en su oferta comercial.

Es el caso de CaixaBank, cuyo consejero delegado, Gonzalo Gortázar, descartó aumentar sus provisiones a cuenta de beneficios, y aseguró que, de imponerles finalmente este impuesto, adaptarían su práctica en el mercado hipotecario, aunque “quien no ha hecho algo mal no debe ser penalizado por ello”.

También Bankia, que no contemplaba “un escenario diferente” al perfilado en los últimos años por el Supremo, y el Banco Sabadell, que argumentaba que no tendría “ningún sentido” aplicar la retroactividad al impuesto de las hipotecas.

Al conocerse después del cierre de los mercados, se espera que mañana la Bolsa respire y se recupere del susto inicial que castigó a los bancos españoles cotizados que, en un sólo día, sufrió un descalabro de más de 5.500 millones en su capitalización.

De momento, si ayer, tras la primera jornada, el IBEX 35 subió un 0,20 % animado por el sector financiero, hoy la sesión ha transcurrido en sentido contrario, y el selectivo se ha dejado un 0,24 % y los 9.000 puntos lastrado por estos valores.

De este modo, la banca, que continuará abonando otros costes menores del proceso de formalización, quedará exento de hacerse cargo de un gravamen que representa el 70 % de los gastos de constitución.

LA BANCA

Las patronales bancarias, AEB, CECA y Unacc, han destacado hoy que la decisión adoptada por el Tribunal Supremo de que el cliente sea quien siga asumiendo el impuesto por la firma de hipotecas preserva la seguridad jurídica necesaria para el buen funcionamiento del mercado.

El Supremo preserva la seguridad juridíca necesaria para el mercado

En un comunicado conjunto inciden en que el Tribunal Supremo ha confirmado que, como venía ocurriendo hasta ahora y de acuerdo con la normativa vigente durante más de 20 años, el sujeto pasivo del impuesto en la constitución de hipotecas es el prestatario, es decir, el cliente.

“Esta decisión está en línea con el marco jurídico de los países de nuestro entorno”, añaden una vez conocida la nota informativa del Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que durante dos días ha analizado la doctrina de la reciente sentencia que consideraba que la banca debía pagar ese impuesto.

CLIENTES

bogados y asociaciones de consumidores han lamentado hoy la decisión del Tribunal Supremo de cargar al cliente con el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) en una hipoteca en contra del criterio conocido el pasado 18 de octubre que se lo atribuía a la banca.

Tras hacerse pública la decisión adoptada esta tarde por el pleno de la sala de lo Contencioso-Administrativo, algunas agrupaciones han mostrado su oposición ante el “aberrante” paso atrás de los magistrados, aunque mantienen su esperanza en que sea la justicia europea la que de nuevo dé un espaldarazo a España en materia hipotecaria.

Grupos de personas durante una concentración ayer ante la sede del Tribunal Supremo.

Así lo sostiene el portavoz de Adicae, Fernando Herrero, que ha calificado la decisión de “extraña y anómala”, si bien ha matizado que no cierra la batalla judicial ni la posibilidad de que los hipotecados reclamen la totalidad de los gastos.

Y es que, ha apuntado, el Tribunal Supremo ya declaró nula una cláusula abusiva que atribuía al cliente, sin negociación previa, el pago de todos los gastos inherentes a la firma de una hipoteca.

Herrero ha explicado que, una vez se conozca íntegramente el contenido de la sentencia, lo que ocurrirá en unos días, Adicae impugnará su contenido “en España y en Europa”, porque “hay que seguir discutiendo esta decisión”.

Los clientes critican el paso atrás del Supremo sobre el impuesto hipotecario

Por ello, “no se ha perdido la batalla”, ya que todos los que tengan una cláusula declarada nula pueden seguir reclamando; además, ha indicado que ahora será la sala de lo Civil la que se tenga que pronunciar, “y veremos también lo que dice Europa”.

Facua ha afirmado que el Supremo no les ha sorprendido, pero remite al triunfo de los afectados por la comercialización de cláusulas suelo abusivas a los que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) reconoció en diciembre de 2016 la total retroactividad y su derecho a percibir las cantidades abonadas de más desde la firma del contrato.

También ha lamentado el “bochorno” la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que ha pedido la inmediata dimisión del presidente de la sala de lo Contencioso-Administrativo, Luis María Díez-Picazo, por su “gestión pésima” en una decisión “sin precedentes” que, aseguran, va en contra de la jurisprudencia del propio tribunal y que socava los cimientos de la justicia en España.

Sobre la polémica se han pronunciado además despachos de abogados como Navas & Cusí, que aunque “acata” el resultado de la votación, que ha finalizado con 15 votos a favor y 13 en contra, no lo comparte, pues “el interesado en la garantía hipotecaria” es la banca, la cual ha sido “invitada de piedra” en este problema “generado por los legisladores”.

Al respecto, lamenta que “todo este embrollo”, iniciado a partir de que se sometiera a revisión la modificación del criterio sobre el sujeto pasivo de esta tasa apenas 24 horas después de trascender, sólo ha servido para debilitar la imagen pública de la justicia.

En la misma línea se expresa la socia fundadora de Pelegrí Abogados, Amor Pelegrí, que en declaraciones a Efe reprocha que esta “barbaridad jurídica”, la cual “no es conforme a derecho y va en contra de los consumidores”, marque un “momento histórico en sentido muy negativo”; no obstante, entiende que Europa aún puede obligar al Supremo a volver a rectificar.

“Gana la banca y pierde la ciudadanía y la confianza en la justicia”, sentencia el abogado de Sanahuja Miranda, Fernando Sanahuja, que manifiesta su “estupefacción” ante un “súbito cambio radical” que “como letrado resulta difícil de explicar jurídicamente”.

Por su parte, UGT ha afeado, en una nota de prensa, un fallo que “genera incertidumbre” y supone un retroceso “en la consideración social de la vivienda como un valor social”, reforzando “el carácter especulativo de un bien que debería tener una consideración social”.

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