La banca asumirá el impuesto de las hipotecas que no podrá deducir

La ministra de Hacienda, Maria Jesus Montero; la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá; y el ministro de Fomento, José Luis Ábalos,i-d., durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, celebrada hoy en el Palacio de La Moncloa.

El Gobierno ha aprobado hoy un real decreto para que sea la banca y no el cliente la que asuma el impuesto de actos jurídicos documentados de las hipotecas, tasa que las entidades no podrán deducirse ya que también se ha modificado el impuesto de sociedades.

El decreto, que entrará en vigor el sábado tras su publicación mañana en el Boletín Oficial del Estado (BOE), modifica el artículo 29 del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados para que la banca asuma el impuesto.

Y viene acompañado por un cambio en el artículo 15 de la ley del impuesto de sociedades, para dejar claro que el gasto no será deducible por el prestamista.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la titular de Hacienda, María Jesús Montero, ha justificado la urgencia de estos cambios por la “confusión” generada después de que el Tribunal Supremo dictaminara que son los ciudadanos quienes tenían que abonar el impuesto, pese a que previamente lo había asignado a la banca.

El decreto tiene como “único” objetivo “que los ciudadanos no tengan que pagar más este impuesto, que ahora pagarán los bancos”, ha añadido.

La rectificación del Supremo sobre su sentencia anterior “generó una gran alarma social e inseguridad jurídica en los ciudadanos y en el mercado hipotecario”, ha dicho Montero, y el Gobierno, “desde el respeto a la justicia y a la separación de poderes”, lamenta el cambio de criterio.

Pero, como dijo el presidente Sánchez, “ayer habló el poder judicial y hoy lo hace el Gobierno”, que tiene que garantizar la seguridad jurídica del mercado hipotecario, dos cuestiones que quedaron en entredicho estas ultimas semanas.

La urgencia de la medida se justifica por la confusión con la controvertida sentencia y la necesidad de clarificar en el futuro la normativa acerca del sujeto pasivo de este impuesto.

Si no se ha planteado su eliminación, ni siquiera en aquellas comunidades autónomas donde gobierna el PSOE, ha explicado la ministra, es porque aporta unos 2.000 millones de euros que se destinan a sanidad, educación y dependencia.

Los que abogan por su eliminación tendrán que plantear qué instrumentos alternativos ofrecen para estos recursos, o “tendremos que pensar” que quieren limitar el Estado del bienestar.

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha explicado que incluso antes de conocerse la “controvertida” sentencia del Supremo el Gobierno ya había manifestado su voluntad de estar junto a los ciudadanos y prestar el apoyo necesario a las comunidades autónomas depositarias de este gravamen.

“Con todo respeto a la autoridad judicial”, ha añadido, el Ejecutivo muestra una vez más su responsabilidad y su rapidez en la actuación “al estar junto a los problemas de los ciudadanos y su resolución”, en un tema que afecta a millones de personas.

Y es que la compra de vivienda es una cuestión en la que millones de personas “ponen la ilusión de su vida, es un proyecto vital”, ante lo que el Gobierno “ha mostrado su responsabilidad y rapidez en la respuesta actuando en 24 horas”.

La ministra de Hacienda ha confirmado también que el Ministerio de Economía anunciará en unas semanas la puesta en marcha de una autoridad para evitar que las entidades financieras apliquen cláusulas abusivas para contrarrestar el pago del impuesto.

En este sentido, la agencia de medición de riesgos Moody’s ha asegurado hoy que la banca aplicará “con toda probabilidad” costes adicionales a sus clientes de préstamos hipotecarios, para compensar el pago de este gravamen, que por otro lado tendrá un “impacto limitado” en sus cuentas de beneficios, ya que cuentan con mecanismos para proteger sus márgenes.

Montero se ha mostrado confiada en “no tener dificultades” para la convalidación del decreto, ya que la mayoría de los grupos políticos se han mostrado partidarios de la defensa del consumidor.

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