El Gobierno renuncia a defender la prórroga otorgada a Ence en Pontevedra

Vista de la ría de Pontevedra.

 La Abogacía del Estado ha comunicado a la Audiencia Nacional que desiste de continuar con la defensa de la prórroga de 60 años, concedida en enero de 2016 al fabricante de pasta de papel Ence por el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy, para mantener su actividad industrial en la ría de Pontevedra.

En esta resolución, difundida por el Ayuntamiento de Pontevedra, la Abogacía del Estado solicita a la Audiencia Nacional que, tras los trámites oportunos, dicte sentencia de conformidad en los términos que piden los demandantes, es decir, que se anule la prórroga.

La decisión afecta a los tres procedimientos judiciales que actualmente se siguen contra esta prórroga, presentados por el Ayuntamiento de Pontevedra, Greenpeace y la Asociación por la Defensa de la Ría de Pontevedra.

Todos los recurrentes reclaman que se declare la nulidad de la resolución del 20 de enero de 2016, emitida por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, que concedió la prórroga a Ence.

En su resolución, la Abogacía del Estado recuerda que la legislación vigente limita las concesiones en terreno marítimo-terrestre, como los que ocupa Ence en la ciudad gallega, por un período máximo de 75 años, contados desde el momento en que se otorgó la primera concesión.

La compañía de pasta de papel tiene permiso para ocupar unos 373.000 metros cuadrados de costa desde 1958 y, por tanto, el máximo de permanencia debería limitarse a 2033 y nunca prorrogarse hasta 2073, por lo que la resolución ministerial “no sería conforme a derecho”.

Además, la letrada incide en que dicha prórroga debe justificarse por el hecho de que, por su naturaleza, la actividad empresarial en cuestión “no pueda tener otra ubicación”, algo que según la resolución “no queja justificado” en el caso de Ence, que podría situar su producción en cualquier otro sitio.

La teniente alcalde de Pontevedra, Carme da Silva, del BNG, ha señalado que el cambio es una “puerta de esperanza” para que la fábrica abandone la ría, a pesar de que “parecía que todo estaba atado y bien atado” por parte de la compañía y el PP.

Ence, en un comunicado, ha expresado su rechazo a la decisión, que considera un “cambio arbitrario” del Gobierno que sólo puede explicarse “en clave electoral”, y asegura que supone una “falta de respeto” hacia los puestos de trabajo de miles de empleados y proveedores, así como hacia todo el sector forestal gallego.

La compañía tiene un plazo de cinco días para presentar recurso ante la Audiencia Nacional y, en caso de que no prosperen sus alegaciones, podrá presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

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