El Gobierno fija en 3.305 millones la factura máxima por la construcción de radiales

Un operario retira la señalización del peaje alavés de Armiñón de la autopista AP-1.

El Gobierno cifra en un máximo de 3.305 millones de euros la responsabilidad patrimonial administrativa (RPA) que tendrá que abonar el Estado a los dueños de las concesionarias de las nueve autopistas quebradas por las obras y expropiaciones acometidas en su día para su construcción.

La cifra máxima por las obras de construcción asciende a 2.917 millones y la de expropiaciones de terrenos a 388 millones, según la resolución de Fomento que establece el método para el cálculo de la RPA y que publica este viernes el Boletín Oficial de Estado (BOE).

A estas cantidades hay que sumar el coste de modificaciones y obras adicionales que se acometieron en estas vías y que, según la resolución, queda pendiente de determinar.

Por otra parte, de la cifra de obras y expropiaciones no amortizadas (vía peajes) se restará las inversiones que se consideran necesarias para la “puesta a cero” de estas autopistas o coste de reposición, así como las expropiaciones pendientes de amortización y pagadas por la Administración.

Según una auditoría encargada a la empresa de ingeniería y consultoría Ineco, las autopistas rescatadas requieren inversiones de 370 millones, ha apuntado Fomento.

En octubre de 2017, el Ejecutivo detalló en el plan presupuestario para 2018 remitido a Bruselas que el gasto en inversiones se vería afectado por la cobertura de más de 2.000 millones de la RPA derivada de los procedimientos judiciales de las autopistas de peaje que estaban entonces en concurso de acreedores.

La estimación de RPA se rebajó posteriormente a 1.800 millones de euros, mientras que los fondos acreedores la cifran en unos 4.500 millones, de los que 400 corresponderían a intereses de demora, y la patronal de concesionarias y constructoras Seopan en 4.032 millones (a fecha de diciembre de 2016).

Las autopistas que quebraron son la R-2 (Madrid-Guadalajara), la M-12 (Eje Aeropuerto), la R-3 (Madrid-Arganda del Rey), la R-4 (Madrid-Ocaña), la R-5 (Madrid-Navalcarnero), la AP-36 (Ocaña-La Roda), la AP-41 (Madrid-Toledo), la Circunvalación de Alicante y Cartagena-Vera.

Estas vías han pasado a estar gestionadas por la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seittsa) desde que las concesionarias que las gestionaban entraron en liquidación, a la espera de que el Gobierno decida si saca de nuevo a licitación su explotación y mantenimiento.

 

Print Friendly, PDF & Email
Me gusta
Me gusta Me encanta Me divierte Me asombra Me entristece Me enfada